21 de setembre de 2017

21 S: UN MERCADO DE 500 MILLONES DE CONSUMIDORES.




El acuerdo económico global entre la UE y Canadá conocido por las siglas CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) se podrá aplicar a partir de este jueves 21 de septiembre, como lo dispone el artículo 30.7 de dicho tratado, antes de ser ratificado por los estados miembro del acuerdo.

El 21 de septiembre de 2017 se podrá aplicar de forma “provisional” el CETA, pero sólo las partes del tratado que son competencia de la Unión Europea, por lo que queda excluido de la aplicación provisional:

  • El mecanismo de protección de inversiones (o de arbitraje) ICS. 
  • Determinadas disposiciones relacionadas con los servicios financieros y la fiscalidad.
  • Una disposición sobre las sanciones penales contra las personas que graben las películas en el cine (ya existe en la mayoría de los países europeos).
  • Una disposición sobre la transparencia de los procedimientos administrativos.

Sin embargo, esta aplicación se hace desoyendo las voces críticas de expertos de organizaciones profesionales, sindicales, políticas, de consumidores e incluso con el dictamen pendiente del Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad del mismo con la normativa europea. Así como también se ha ignorado las peticiones de los distintos movimientos sociales y políticos de suspender la aplicación provisional del tratado por no proteger los derechos laborales, la propiedad intelectual, medioambientales, de salud, de bienestar social ni animal.(Repercusiones en el sector agrario español)



La ejecutiva comunitaria ha dejado muy claro que el acuerdo sigue adelante y que el CETA es más que un acuerdo. Porque es el modelo que protege las inversiones extranjeras, mundializando la precariedad y la desigualdad, es la oportunidad para que las grandes multinacionales europeas y canadienses (más del 76% son estadounidenses) consigan un mercado de 500 millones de consumidores, la desregulación de los mercados y la posibilidad de controlar la legislación de los mismos a través de las demandas arbitrales y de su participación en los comités reguladores previstos en el tratado. 

Mientras la ciudadanía y los consumidores de este gran mercado son los grandes olvidadosde este tipo de acuerdos económicos, que los ningunea tanto en la negociación de los mismos como en su ejecución. Olvido premeditado, a favor de los grandes grupos empresariales que se ven premiados con la reducción del riesgo y el mayor acceso a los factores de producción, materias primas y mano de obra barata.

Pero el CETA se ha de parar, y ha de ser el Tribunal de Justicia de la UE con un dictamen de incompatibilidad del ICS con las normas europeas (lo que reabriría las negociaciones del CETA), o también, con la no ratificación de algunos de los parlamentos regionales y nacionales europeos del tratado (si soporta todas las presiones a las que se verá sometido). 

Además, la aplicación del CETA se podría suspender durante el procedimiento de ratificación si así lo decide la UE, pero sólo podrán abandonar el CETA de forma unilateral Alemania, Austria y Polonia, porque así lo negociaron al firma el CETA.

No obstante, en caso de que el CETA sea bendecido por el TJ de la UE y ratificado por todos los parlamentos entrará en vigor en su totalidad, y para abandonarlo será necesario un acuerdo por unanimidad de todos estados miembros de la unión. Y en el caso de que alguno de los estados quisiera abandonar el CETA en solitario, deberá abandonar la UE.

En el caso de que la UE decidiera de forma unánime abandonar el CETA, algunas de sus disposiciones mantendrán su vigencia, como ocurre con el sistema de arbitraje (ICS) que podrá ser utilizado durante los 20 años que siguen a su resolución para proteger las inversiones realizadas durante el período de vigencia del tratado (Art. 30.9.2)

Es una lástima que la ejecutiva comunitaria europea no garantice con la misma vehemencia los derechos humanos.

#stopCETA.

Escrito por Sandra Soutto,

Economista y miembro de ATTAC PV

12 de setembre de 2017

LOS EXPERTOS DE MACRON PONEN REPAROS AL CETA



DIEZ  RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE INVERSIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS DE FRANCIA




En Francia continúa el debate sobre el CETA (acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE), después de que el pasado mes de julio el Consejo Constitucional francés considerara que dicho tratado es compatible con la Constitución francesa.  Ahora con el informe de la “comisión de expertos” en el CETA que confirma los riesgos que supondría la aplicación de este tratado para el medioambiente, la agricultura, la alimentación, la salud y el clima.


En España el CETA ha sido ratificado por el Congreso de los diputados el pasado 29 de junio a instancia del Gobierno, el cual negó la necesidad de análisis de su constitucionalidad, así como la evaluación de impacto de su aplicación en la economía nacional y en la sociedad, y espera a ser debatido en el Senado tras el control previo de constitucionalidad solicitado por Unidos Podemos.


El informe que encargó Emmanuel Macron, actual presidente francés, en cumplimiento de una promesa electoral deja claro que el tratado entraña “incertidumbre y riesgos” e incluye algunas críticas como:

  • La falta de utilidad de los tribunales de arbitraje (ICS) en las relaciones de la UE con Canadá.
  • En materia de armonización normativa, la cooperación reguladora y los tribunales de arbitraje (ICS) podrían ser un obstáculo si los Estados desean fortalecer las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.
  • Concluye que "los capítulos del acuerdo sobre el medio ambiente tienen el mérito de existir, pero no contienen ningún compromiso vinculante".
  • "El gran ausente de este acuerdo es el clima" y que las políticas climáticas pueden ser desafiadas a través del Sistema de protección de inversiones (sistema de arbitraje). 
  • "Un aumento global de las importaciones europeas de carne de cerdo y carne de vacuno canadienses podrían afectar negativamente a un sector ganadero ya debilitado".
  • La falta de garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suministrados, el etiquetado de los productos que contengan OMG, así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados. Por lo que requiere “vigilancia especial”. Recuerdan que "Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas durante mucho tiempo en otros países" y que "los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá".


Y sin perjuicio de que dicho tratado sea o no ratificado, más allá de lo que pueda decidirse a nivel político nacional y europeo sobre estas cuestiones, y en particular en el ámbito de la agricultura, la “comisión de expertos” francesa sobre el CETA recomienda:


7 de setembre de 2017

Recuperar el Estado









El 3 de junio de 1951, se formó en Londres la Internacional Socialista. Todavía está en marcha. Es "una asociación mundial de partidos políticos, la mayoría de los cuales buscan establecer un socialismo democrático". Sus raíces se remontan al siglo XIX (a la Primera Internacional formada en 1864) cuando se consideró beneficioso unir a los movimientos nacionales de la clase obrera en una fuerza global para derrocar al capitalismo. Las disputas internas entre varias facciones condujeron a diversas disoluciones y reformas en los últimos 150 y pico años. En 2013, la membresía se dividió cuando el SPD alemán decidió crear un grupo competidor, la Alianza Progresista, a la que se unió una multitud de los llamados partidos socialdemócratas (incluido el Partido Laborista Australiano) que abandonaron la IS. Ambos cuerpos están asediados por conflictos internos y por miembros que han caído en los mitos macroeconómicos neoliberales. Más recientemente, DIEM25 ha surgido para perseguir una visión paneuropea de la política de izquierdas. La dinámica más reciente de estos movimientos niega el poder del estado-nación en una economía globalizada y los flujos financieros globales. Todos ellos están fracasando debido a esta negación.

Se ha publicado un interesante artículo en el Financial Times (4 de julio de 2017) --La soberanía sigue teniendo sentido, inclusoen un mundo globalizado-- de Robert Tombs, un académico británico especializado en historia francesa que se ocupa de este tema.

La afirmación de que el estado-nación está muerto es también un tema importante de mi próximo libro (escrito con Thomas Fazi) - Reclaiming the State: A Progressive Visionof Sovereignty for a Post-Neoliberal World (Recuperando el Estado. Una visión progresista de la soberanía para un mundo pos-neoliberal)- que será publicado por Pluto Press (Reino Unido) el 20 de septiembre de 2017.

Presentaremos el libro en Londres el 26 de septiembre de 2017 y después haremos una gira de 10 días de conferencias promocionales por toda Europa. Todos los detalles de dónde y cuándo tendrán lugar los eventos se publicarán próximamente, pero al final de este blog hay una guía indicativa.

Al mismo tiempo, lanzaré un nuevo proyecto que vamos a llamar El Proyecto de Recuperación del Estado (The Reclaim the State Project, RTS), que se centrará en expandir la conciencia de la capacidad del gobierno emisor de moneda para avanzar en el bienestar general y contrarrestar el poder egoísta del capital global. Más detalles sobre este tema aparecerán próximamente en su página principal http://www.reclaimthestate.org.

Como antecedente,  Thomas Fazi y yo hemos publicado recientemente un artículo Make the Left Great Again (Haced la izquierda grande otra vez), que apareció en la edición del otoño de 2017 de una nueva revista estadounidense American Affairs (Vol 1, número 3). La revista se ocupa de “las políticas públicas y el pensamiento político".

Ese artículo resume nuestro argumento de que el estado-nación nunca se fue, como muchos en la izquierda progresista de la política parecen creer. Estos movimientos paneuropeos son creados todos ellos en respuesta a la creencia equivocada de que el Estado se ha sometido al capital global y no puede seguir políticas que contradicen los objetivos de los intereses financieros globales. En consecuencia, se requieren movimientos supranacionales o pan-nacionales. Claramente consideramos que ese tipo de razonamiento es falso. Y también lo hace Robert Tombs, como se describe en su artículo del Financial Times citado anteriormente. Empieza con:

11 de juliol de 2017

RENTA BÁSICA, UN SUBSIDIO A LA ECONOMÍA SUMERGIDA.





Escrito por Sandra Soutto,

Economista y miembro de ATTAC PV


De acuerdo con la encuesta de población activa (EPA), España tiene censados más de 4.250.000 de desempleados, que corresponden a una tasa de desempleo del 18,8% (en datos del primer trimestre del año 2017). La segunda mayor tasa de paro de la OCDE. Su distribución por sexo y edades presenta el siguiente detalle:  20,51% la tasa de paro femenino frente al masculino que es del 17,22%, mientras que la tasa de paro de los jóvenes menores de 20 años es del 58,7% y la tasa de los que están entre los 20 y 24 años es de 38,4% de la población activa.
 

 Fuente:  http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana

Según el INE, en el primer trimestre de este año el empleo a tiempo parcial había aumentado en 41.300 personas (corresponde a una tasa de 15,59%), el número de asalariados se redujo en 44.600, pero el de empleadores aumentó en 22.900, y en el último año la ocupación descendió en el sector público frente al sector privado, que registró un aumento de 453.100 personas. Además, se redujo la población activa en 52.600 personas durante el primer trimestre de 2017 y durante el último año en 127.700 personas, mientras que la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) se redujo en 54.100 personas.

Esta situación configura un mercado laboral dominado por el sector privado en el que impera la precariedad, llevando la peor parte los migrantes, las mujeres, los menores de 20 y los mayores de 50 años, que compiten en busca de una oportunidad, siendo rechazados en un constante ejercicio de discriminación, ante la mirada ausente del Estado en su papel de garante de la igualdad. En este contexto irrumpen algunos movimientos sociales reivindicando la necesidad de un subsidio universal e incondicional al que algunos denominan renta básica universal, y con el que pretenden garantizar el derecho de subsistencia a todas las personas.

Más allá de consideraciones filosóficas, el trabajo es un derecho constitucionalmente protegido (artículo 35 de la Constitución española), sin embargo no se reconoce en ninguno de sus artículos un derecho al rentismo aunque sea de subsistencia.

Ahora bien, son varias las cuestiones que se suscitan en torno a la viabilidad de un subsidio incondicional, una es cuál ha de ser su cuantía y la otra es cómo se ha de financiar, ya que las políticas de restricción de gasto público impuestas por la Unión Europea podrán ponerla en cuestión.

¿Cómo se financiaría? Sus defensores, recuperando a Milton Friedman, dicen que su financiación se debería realizar con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ser este una excelente herramienta de redistribución de rentas. Y nuevamente son muchas las preguntas que nos asaltan: ¿De qué importe estamos hablando?  ¿Quiénes pagarían dicho impuesto si la mayor parte de la población está esperando un empleo y la recaudación tributaria efectiva se ve limitada por diferentes técnicas de elusión y evasión fiscal que la globalización nos ha facilitado?

Suponemos que un subsidio que garantice la subsistencia debería de permitir pagar el alquiler de una vivienda digna, una alimentación y vestidos necesarios, y sería complementado por los servicios calificados “de necesidad” facilitados más o menos gratuitamente por el Estado (salud pública, educación, transporte, cuidados, etc.),  lo que parece complicado de conseguir. Por no decir imposible, con un Estado que cedió su soberanía monetaria a una institución supranacional, el Banco Central Europeo, que no considera prioritario el garantizar una vida digna a sus ciudadanos, sino que persigue mantener a raya a la inflación, es decir, mantener el poder adquisitivo de quienes viven de las rentas del capital.

28 de juny de 2017

El momento ha llegado, digamos NO al CETA






 El próximo jueves 29 de junio el gobierno español tiene previsto ratificar el CETA (acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE). Acuerdo que se ha estado negociando desde el 2009 y del que se ha mantenido desinformada a la ciudadanía hasta el 15 de diciembre de 2015, criticado duramente por muchos de los Estados miembros de la UE y cuya firma estuvo bloqueada por el presidente de Valonia a causa del impacto que dicho acuerdo tendría en la economía local tras su aplicación. Finalmente se firmó el 30 de octubre de 2016 tras un acuerdo de dudosa aplicación alcanzado entre los representantes de ambos bloques, instrumento interpretativo conjunto. 

El proceso de ratificación se inició con en el Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero, cuya aprobación también impulsada por el PSOE permitía la aplicación provisional del 90% del CETA en las transacciones que se realizarán entre Canadá y la UE, pero que no ha podido materializarse ante las dificultades surgidas en Canadá para su ratificación, ante los efectos negativos previstos sobre la economía nacional y su sociedad.

En España son muchas las organizaciones, asociaciones y profesionales que rechazan el acuerdo, porque no se trata de comercio sino de un conjunto de normas para regular la globalización bajo el principio de garantizar el beneficio económico a las grandes multinacionales, el cual será preferente a cualquier otro constitucionalmente protegido. A pesar de ellos y sin estudios de impacto de la aplicación del acuerdo en la economía nacional y en la sociedad, el gobierno se dispone a ratificar el CETA.

Voces expertas califican este tratado de modelo a seguir en las distintas negociaciones que la UE tiene en marcha. Veamos qué es lo que ratificarán el 29 de junio los diputados de las cortes españolas, que dada su composición será abanderada por el PP, Cs, partidos nacionalistas con el apoyo incondicional de la abstención del PSOE:

El 29 de junio estos diputados ratificarán la falta de transparencia en las negociaciones de los tratados internacionales, la pérdida de 200.000 puestos de trabajo en la UE (informado por la comisión de empleo y asuntos sociales del Parlamento Europeo), la renuncia a la lucha contra el cambio climático, al impedir el cumplimiento de los acuerdos de París.

Pero además, estos diputados con el SI y la abstención ratificarán el aumento de la vida de las patentes, dificultando así el acceso de los ciudadanos a los medicamentos, favoreciendo el encarecimiento de la investigación y de todo lo que tiene que ver con la cultura y la educación, consolidarán los procesos de privatización y encarecerán los procedimientos de reversión de lo privatizado a la colectividad a la que legítimamente pertenecen. 

El 29 de junio estos diputados podrían impedir que se implante una justicia privada sólo para las multinacionales, que se institucionalice el derecho a la indemnización por expectativas no cumplidas ante cambios legislativos, garantizar un trato justo e igualitario para todas las personas y no sólo para las multinacionales.

El 29 de junio estos diputados podrían asegurar la protección social, económica y jurídica de la ciudadanía votando NO al CETA.

Porque votando NO al CETA están impulsando el progreso social y económico, facilitando la implementación de políticas dirigidas a la obtención del pleno empleo y la estabilidad de precios en todo el territorio español, y porque votando NO al CETA  garantizan la igualdad y la justicia, valores protegidos por nuestra Constitución.



Sandra Soutto.



25 de juny de 2017

El CETA, ¿un tratado progresista?








Escrito por:  Alberto Martínez
Miembro de Attac y la campaña NO al TTIP/CETA/TISA
 


Los defensores del CETA repiten una y otra vez los mismos argumentos sin presentar ninguna evidencia que los avale. Son simples consignas faltas de rigor al no estar refrendados por la realidad del texto del tratado. O no lo conocen o son cínicos sin ningún tipo de pudor.

Machacan con el argumento de los valores compartidos entre la UE y Canadá. ¿Cuáles son esos valores? En Canadá están autorizados los transgénicos sin etiquetar en la alimentación humana, en la UE, no. En Canadá, la agricultura industrial con utilización masiva de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en la UE, es la norma, frente al modelo europeo basado fundamentalmente en pequeñas y medianas explotaciones familiares o de cooperativas. En Europa funciona el “principio de precaución”. En Canadá la “gestión del riesgo”...

El 70% de mineras mundiales son canadienses, y no hay más que fijarse en el ejemplo de Corcoesto para adivinar la oleada de demandas ante los famosos tribunales de arbitraje del ICS (Investment Court System) que nos caerían cuando el gobierno central, los gobiernos autonómicos o municipales quisieran poner trabas de algún tipo a la actividad de dichas empresas. Además, la mayoría de empresas canadienses son filiales de transnacionales de EEUU, por lo que el CETA sería de hecho la puerta trasera que utilizarían las mismas para beneficiarse del ICS.

Cuando dicen que es un tratado progresista, ¿a qué se refieren? El capítulo de empleo y desarrollo sostenible no cita en ningún momento el principio de precaución consagrado en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Los derechos laborales no son vinculantes y por tanto ejecutables de forma efectiva ante ningún tribunal. La resolución de los posibles incumplimientos se deja a la buena voluntad de las partes, sin obligaciones concretas

30 de maig de 2017

Ningún señor feudal hubiera tenido mejores vasallos.


Publicado: Cap senyor feudal hauria tingut millors vassalls
                 Ningún señor feudal hubiera tenido mejores vasallos                
                Cap senyor feudal haguera tingut millors vassalls



El avance de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC), el desarrollo de la redes culturales, y la globalización han abierto nuevas posibilidades de intercambio, ya que a través de las redes no solo se puede adquirir la propiedad de bienes y servicios, sino también compartir su uso sin transferir la propiedad, ya sea con o sin dinero. Es la llamada "economía colaborativa" y aunque el uso compartido de las cosas es histórico, hasta ahora no habíamos necesitado ninguna herramienta digital para ejercerlo, sólo requería tener relaciones de vecindad o amistad con las que compartías, la plancha, el taladro, el secador de pelo, el arroz, el azúcar, el coche, el cuidado esporádico de las mascotas o de los hijos. Lo que no existían eran las plataformas digitales, que además de traer los avances tecnológicos aportan una estructura empresarial diferente, donde la figura del consumidor y del proveedor se simultanean y la responsabilidad se diluye.

Buscando un sistema que facilitara el uso de recursos ociosos, fomentara el ahorro y la protección del medio ambiente, surgió la llamada "economía colaborativa" o "consumo colaborativo", basada en el uso las redes digitales en la que se comparten valores como la solidaridad, la confianza, y la defensa de lo común, como una alternativa a la acumulación de la propiedad. Sin embargo, la crisis sistémica atrajo a aquellos que sumidos en la precariedad veían en este sistema una oportunidad para subsistir. Y gracias a la amplia aceptación de las redes sociales y el uso de los teléfonos inteligentes, se expandió rápidamente en forma de negocio lucrativo, penetrando con más fuerza en la industria del turismo y el transporte, presentando serios problemas para garantizar la seguridad de los consumidores, la habitabilidad de las ciudades, los puestos de trabajo decentes, el comercio y la fiscalidad justa por carecer de regulación.