11 de juliol de 2017

RENTA BÁSICA, UN SUBSIDIO A LA ECONOMÍA SUMERGIDA.





Escrito por Sandra Soutto,

Economista y miembro de ATTAC PV


De acuerdo con la encuesta de población activa (EPA), España tiene censados más de 4.250.000 de desempleados, que corresponden a una tasa de desempleo del 18,8% (en datos del primer trimestre del año 2017). La segunda mayor tasa de paro de la OCDE. Su distribución por sexo y edades presenta el siguiente detalle:  20,51% la tasa de paro femenino frente al masculino que es del 17,22%, mientras que la tasa de paro de los jóvenes menores de 20 años es del 58,7% y la tasa de los que están entre los 20 y 24 años es de 38,4% de la población activa.
 

 Fuente:  http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana

Según el INE, en el primer trimestre de este año el empleo a tiempo parcial había aumentado en 41.300 personas (corresponde a una tasa de 15,59%), el número de asalariados se redujo en 44.600, pero el de empleadores aumentó en 22.900, y en el último año la ocupación descendió en el sector público frente al sector privado, que registró un aumento de 453.100 personas. Además, se redujo la población activa en 52.600 personas durante el primer trimestre de 2017 y durante el último año en 127.700 personas, mientras que la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) se redujo en 54.100 personas.

Esta situación configura un mercado laboral dominado por el sector privado en el que impera la precariedad, llevando la peor parte los migrantes, las mujeres, los menores de 20 y los mayores de 50 años, que compiten en busca de una oportunidad, siendo rechazados en un constante ejercicio de discriminación, ante la mirada ausente del Estado en su papel de garante de la igualdad. En este contexto irrumpen algunos movimientos sociales reivindicando la necesidad de un subsidio universal e incondicional al que algunos denominan renta básica universal, y con el que pretenden garantizar el derecho de subsistencia a todas las personas.

Más allá de consideraciones filosóficas, el trabajo es un derecho constitucionalmente protegido (artículo 35 de la Constitución española), sin embargo no se reconoce en ninguno de sus artículos un derecho al rentismo aunque sea de subsistencia.

Ahora bien, son varias las cuestiones que se suscitan en torno a la viabilidad de un subsidio incondicional, una es cuál ha de ser su cuantía y la otra es cómo se ha de financiar, ya que las políticas de restricción de gasto público impuestas por la Unión Europea podrán ponerla en cuestión.

¿Cómo se financiaría? Sus defensores, recuperando a Milton Friedman, dicen que su financiación se debería realizar con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ser este una excelente herramienta de redistribución de rentas. Y nuevamente son muchas las preguntas que nos asaltan: ¿De qué importe estamos hablando?  ¿Quiénes pagarían dicho impuesto si la mayor parte de la población está esperando un empleo y la recaudación tributaria efectiva se ve limitada por diferentes técnicas de elusión y evasión fiscal que la globalización nos ha facilitado?

Suponemos que un subsidio que garantice la subsistencia debería de permitir pagar el alquiler de una vivienda digna, una alimentación y vestidos necesarios, y sería complementado por los servicios calificados “de necesidad” facilitados más o menos gratuitamente por el Estado (salud pública, educación, transporte, cuidados, etc.),  lo que parece complicado de conseguir. Por no decir imposible, con un Estado que cedió su soberanía monetaria a una institución supranacional, el Banco Central Europeo, que no considera prioritario el garantizar una vida digna a sus ciudadanos, sino que persigue mantener a raya a la inflación, es decir, mantener el poder adquisitivo de quienes viven de las rentas del capital.


Entonces, lo más razonable sería que el importe de este subsidio rondara entre el salario mínimo (9.907,80 € anuales) y el salario medio del Estado español (26.710€ anuales), pero conforme nos acercamos a este último más difícil resulta su financiación. Por eso la red renta básica española propone un subsidio de 7.471 € anuales, inferior al actual SMI español, que exigiría un gasto superior a los 280.000 millones de euros, bastante por encima de lo recaudado por la AEAT en el 2016, que asciende a 186.249 millones de euros.

Ahora bien, supongamos que el subsidio fuese equivalente al SMI (707,7€ al mes para el 2017), importe muy mínimo que condena a la exclusión social a muchas familias, como nos lo demuestra la cruda realidad. Este importe, seguramente cautivo del mercado inmobiliario, que aumentaría el precio del alquiler de la vivienda en esa cuantía, como ha pasado ya con otros subsidios, no impediría que sus perceptores se continuaran ofreciendo en el mercado laboral con total disponibilidad horaria, lo que contribuiría a presionar los salarios a la baja y daría ventajas a la economía sumergida.

La revolución digital ha abierto nuevas posibilidades de subsistencia al margen de la protección del Estado, algunas de ellas impulsadas desde la Comisión Europea en su afán de desregular mercados, como es el caso de la economía colaborativa, donde las personas con o sin ingresos fijos pueden ofrecer sus servicios a cambio de unos ingresos, y que en algunos casos su único atractivo es que están libres de impuestos y cotizaciones. Eso sí, para aquellos que no disponen de otros ingresos, este mercado requiere de disponibilidad 24 horas, sin seguros ni vacaciones, sin convenios colectivos, como ya ocurre en otras potencias con las que la Comisión Europea negocia y firma acuerdos económicos globales.

En este tipo de mercado desregulado, vestidos de valores socialmente bien vistos como la colaboración, el ahorro, el reciclaje y la solidaridad, los perceptores del subsidio acudirían para obtener ingresos, no declarables, como ocurre en plataformas digitales como UBERPOP o Airbnb. En consecuencia, al no ser incluidos en las declaraciones del mencionado impuesto, dicha herramienta perdería su efectividad para el reparto de rentas, y el subsidio universal e incondicional sería un facilitador de la economía sumergida. 

Entonces en estas condiciones, el subsidio universal e incondicional sólo contribuiría a mantener los salarios bajos porque dado lo exigua que es su cuantía y el gran número de demandantes de empleo, los salarios serían presionados a la baja, ya que siempre habrá alguien dispuesto a trabajar por un salario aún inferior. Así el subsidio incondicional permitiría la existencia de un ejército de desempleados y precarios, para que los magnates de la explotación campen a sus anchas, y mantendría los salarios bajos favoreciendo además la proliferación de la economía sumergida y perjudicando la recaudación de la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

Por tanto, la solución no está en un subsidio universal e incondicional, sino en evitar la formación de ese gran ejército de desempleados dotando al Estado de soberanía monetaria y fiscal para que pueda generar los recursos necesarios y con ellos crear puestos de trabajo dignos que permitan mantener un Estado capaz de garantizar los derechos humanos a través de unos servicios públicos adecuados, que constituyen en sí mismos una renta básica universal en especie.

Por otra parte, sustituyendo las prestaciones en servicio por prestaciones en dinero estamos colaborando en la consolidación total del capitalismo, y para no caer en esta trampa, el subsidio incondicional ha de consistir en servicios públicos gratuitos que nos permita recuperar el estado del bienestar (salud pública, educación, transporte, cuidados, guarderías, dependencia, etc.) En otro caso, estaríamos derribando el poco patrimonio común que queda en pie, para instaurar un sistema individualista en el que los trabajadores activos subsidian el acceso de los inactivos al mercado.

Existen necesidades sociales no cubiertas por el sector privado en la medida en que no son rentables y que deberán ser satisfechas por el Estado atendiendo a su utilidad social. Para ello hará falta cubrir muchos puestos de trabajo que deberán ser gestionados por el Estado a través de sus instituciones, garantizando el reparto equitativo y no discriminatorio de las horas de trabajo remuneradas. Los que se podrían dotar mediante la oferta pública de empleo como a través de programas de trabajo garantizado, este último dirigidos a emplear a los parados que tienen más dificultad en encontrar un trabajo.

Se trataría de promover la transición energética (mejora de la eficiencia energética de los edificios, instalación y mantenimiento de energías renovables, transporte público colectivo), la gestión forestal (importante para evitar la erosión debido al cambio climático), medidas para frenar la regresión de la costa debido al cambio climático), el cuidado de dependientes (hasta ahora solía ser desempeñado por la población femenina de forma gratuita), la gestión de guarderías públicas y comedores públicos en los centros educativos (para favorecer la autonomía de la mujer trabajadora asalariada o no), el mantenimiento del medio urbano y las infraestructuras cada vez más deterioradas, el desarrollo de las zonas rurales en busca de una soberanía alimentaria, el reciclaje y la economía circular. Además, existen muchos más puestos de trabajo a cubrir en la educación y en la sanidad pública, mejorando la ratio alumno/profesor y eliminando las listas de espera, lo que exige dar un giro de 180 grados a la política de recortes.

Por consiguiente, es necesario regular los mercados, perseguir la economía sumergida y el fraude, recuperar la soberanía monetaria y fiscal cedida insensatamente a la Unión Europea, aplicar políticas expansivas del gasto y reducir el tiempo de trabajo para alcanzar el pleno empleo y sostener el estado del bienestar.  Entonces, ya no haría falta el subsidio universal incondicional, sino las ayudas económicas necesarias para aquellos que no pueden trabajar.